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El 1 de octubre se consumó el choque de trenes que se dibujó el 6 y 7 de septiembre, donde infringiendo el Reglamento del Parlament de Catalunya, los derechos de la oposición, desoyendo las advertencias de los letrados de la Cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, se vulneraron el Estatuto de Autonomía y la Constitución y se convocó un referéndum ilegal aprobándose la ley denominada "de transitoriedad jurídica y fundacional de la República". En aquella jornada cristalizó la incapacidad por el diálogo de los gobiernos presididos, por aquellas fechas, por Carles Puigdemont y Mariano Rajoy.

Hace pocos días recordábamos las lamentables sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre de 2017. En ellas se vulneró el Reglamento del Parlament de Catalunya, se desoyeron los criterios de los letrados de la Cámara y del Consell de Garantías Estatutarias de Catalunya, se pisotearon los derechos de los diputados y grupos de la oposición, se conculcó el Estatuto de Autonomía y se rompió el marco constitucional. Mientras los independentistas pretendían que tales desmanes se produjesen en un abrir y cerrar de ojos y pasasen desapercibidos, la tenacidad de la oposición y brillantes discursos como el Joan Coscubiela sirvieron para poner en evidencia tamaño despropósito.

Durante las sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 septiembre del año pasado, a pesar de nuestras advertencias, se traspasaron líneas rojas que rompieron en dos el Parlament de Catalunya, dividieron a la sociedad catalana y abrieron el camino al desastre político más relevante tras la aprobación de la Constitución y del Estatut. No es de extrañar que algunos autores, como Daniel Gascón o Pau Luque, lo denominen “golpe posmoderno”.

Tras su reunión con el presidente Pedro Sánchez, el president Quim Torra habló de “hilo de esperanza”. En efecto, emplazarse a futuras reuniones, dar paso a encuentros entre los miembros de ambos Gobiernos y reabrir las comisiones mixtas y bilaterales es dar por iniciado el deshielo que hará posible el diálogo.

El 2 de junio pasado, Pedro Sánchez tomaba posesión como nuevo Presidente del Gobierno de España. Cinco días más tarde lo hacía el gobierno, donde las 11 mujeres y 6 hombres del gabinete, lo convertían en el consejo de ministras y ministros con mayor presencia de mujeres, no ya de nuestra democracia, sino de cualquier otro país de la OCDE.

El pasado lunes 14 de mayo, en el Parlament de Catalunya, los votos de PDCAT, ERC y la CUP invistieron presidente de la Generalitat al diputado Quim Torra. El jueves, en un acto de apenas 3 minutos de duración, sin invitados, sin presencia del gobierno de España y sin discurso, casi de escondidas, el nuevo president prometía el cargo.

El Manifiesto de los y las socialistas de Cataluña ante el Primero de Mayo afirma, entre otras cosas, lo siguiente: “el trabajo recupera de nuevo la centralidad del debate público, siendo una oportunidad para poner al día las principales reivindicaciones y propuestas de las trabajadoras y los trabajadores. La mal llamada "recuperación económica" no se está traduciendo en una mejora de los salarios ni de los puestos de trabajo, ni tampoco en cantidad ni en calidad. Por el contrario, los beneficios empresariales se han recuperado de manera destacada mientras tenemos salarios a niveles de los peores momentos de la crisis.

En Catalunya llevamos seis años empantanados como bien describe Joan Coscubiela en su reciente libro. Esta situación de bloqueo político es insostenible y requiere de soluciones. A los políticos nos corresponde ofrecerlas desde la política. Creyendo como creo que los causantes de ilegalidades han de ser juzgados, también creo desproporcionada la prisión provisional y creo que llegado el momento se necesitarán de soluciones políticas a la altura del momento crítico en el que estamos. Y es que un problema político no puede ser resuelto por vía judicial.

Cuando en los años 2004 y 2005 trabajaba en la ponencia que redactaba el nuevo Estatut de Catalunya que luego se aprobaría en el 2006, no pensaba que más de una década después, Catalunya estaría, como bien expresa Joan Coscubiela en su último libro, empantanada, con las instituciones de autogobierno intervenidas, una sociedad dividida y un problema político de gran magnitud, enquistado y de difícil solución.