Blog

President, Conseller, Secretari Oriol Amorós, representants d’institucions, partits i entitats socials,

Amb Meritxell Batet, el PSC i els catalans i catalanes, disposem d’una catalanista i una federalista convençuda. En ella hi trobem la millor contribució per resoldre el problema català i la crisi territorial espanyola.

L’any que comença i que veu néixer l’edició digital de l’Endavant serà un any decisiu des de molts punts de vista. Ho serà a causa de les eleccions municipals i europees que se celebraran el proper 26 de maig. Decidirem si volem ajuntaments governats pels progressistes i que centrin la seva tasca en la resolució dels problemes concrets de les persones o si tindrem ajuntaments supeditats al procés sobiranista i que descuidin el constant combat per millorar la qualitat de vida a les nostres viles i ciutats. Els i les socialistes treballarem de valent per assegurar governs municipals estables compromesos en assolir progrés econòmic, justícia social, sostenibilitat i cura de l’entorn natural, compromesos en la creació d’ocupació estable i de qualitat, en la prestació de serveis públics capaços d’assegurar els drets de tothom, i en la promoció del respecte, la tolerància i la convivència.

La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña dictada en 2010, alteró el texto fruto de un laborioso acuerdo en las Cortes Generales que había sido sometido al referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Esta anomalía, junto al impacto de la crisis económica de 2008, la deriva recentralizadora del gobierno del PP y el éxito parcial de la estrategia independentista, ha llevado a más de dos millones de catalanes y catalanas a impugnar de forma radical la actual relación de Cataluña con el resto de España.

El 1 de octubre se consumó el choque de trenes que se dibujó el 6 y 7 de septiembre, donde infringiendo el Reglamento del Parlament de Catalunya, los derechos de la oposición, desoyendo las advertencias de los letrados de la Cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, se vulneraron el Estatuto de Autonomía y la Constitución y se convocó un referéndum ilegal aprobándose la ley denominada "de transitoriedad jurídica y fundacional de la República". En aquella jornada cristalizó la incapacidad por el diálogo de los gobiernos presididos, por aquellas fechas, por Carles Puigdemont y Mariano Rajoy.

Hace pocos días recordábamos las lamentables sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre de 2017. En ellas se vulneró el Reglamento del Parlament de Catalunya, se desoyeron los criterios de los letrados de la Cámara y del Consell de Garantías Estatutarias de Catalunya, se pisotearon los derechos de los diputados y grupos de la oposición, se conculcó el Estatuto de Autonomía y se rompió el marco constitucional. Mientras los independentistas pretendían que tales desmanes se produjesen en un abrir y cerrar de ojos y pasasen desapercibidos, la tenacidad de la oposición y brillantes discursos como el Joan Coscubiela sirvieron para poner en evidencia tamaño despropósito.

Durante las sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 septiembre del año pasado, a pesar de nuestras advertencias, se traspasaron líneas rojas que rompieron en dos el Parlament de Catalunya, dividieron a la sociedad catalana y abrieron el camino al desastre político más relevante tras la aprobación de la Constitución y del Estatut. No es de extrañar que algunos autores, como Daniel Gascón o Pau Luque, lo denominen “golpe posmoderno”.

Tras su reunión con el presidente Pedro Sánchez, el president Quim Torra habló de “hilo de esperanza”. En efecto, emplazarse a futuras reuniones, dar paso a encuentros entre los miembros de ambos Gobiernos y reabrir las comisiones mixtas y bilaterales es dar por iniciado el deshielo que hará posible el diálogo.

El 2 de junio pasado, Pedro Sánchez tomaba posesión como nuevo Presidente del Gobierno de España. Cinco días más tarde lo hacía el gobierno, donde las 11 mujeres y 6 hombres del gabinete, lo convertían en el consejo de ministras y ministros con mayor presencia de mujeres, no ya de nuestra democracia, sino de cualquier otro país de la OCDE.