Iceta destaca el "talante negociador" de sindicatos en el acuerdo sobre interinos

El martes día 6 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 14/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

A continuación encontraréis el discurso que pronuncié con motivo de la presentación del mencionado acuerdo con los sindicatos (aquí podéis verlo en video).

Amigas y amigos,

Representantes de los medios, representantes sindicales… estamos ante una firma importante, ante un acuerdo importante. Todo acuerdo tiene su importancia.

Yo definí este Ministerio, el día que tomé posesión, como la casa de los pactos. Ese era mi deseo, mi voluntad. Y hoy esa voluntad, ese deseo, se demuestra en la práctica con un acuerdo muy relevante.

Es un acuerdo que, como ministro de Política Territorial y Función Pública, como representante del Gobierno de España, suscribo con CCOO, UGT y CSIF.

Es un acuerdo que ha sido posible gracias al talante negociador de estos sindicatos, a su fuerza reivindicativa y también a su sentido de la responsabilidad, a un verdadero sentido de Estado.

Con este acuerdo pretendemos atajar drásticamente la temporalidad, que afecta desde hace ya mucho, demasiado tiempo, a muchos empleados y empleadas públicas.

Como en tantas cosas no nos ponemos de acuerdo en cuándo empezó el problema, pero los que llevan más tiempo siguiéndolo de cerca me dicen que al menos doce años, desde la crisis del año 2008 y sus consecuencias.

¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por razones de justicia, de justicia con tantos empleados y empleadas públicos que han sufrido una situación incierta de temporalidad. Lo hacemos también porque creemos en la Función Pública, en lo público, en los servidores y servidoras públicos.

Lo hacemos también porque respetamos las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los criterios de nuestros propios tribunales.

No sería justo que olvidará en este momento rendir tributo también al equipo negociador del ministerio: el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos; el secretario general de Función Pública, Javier Rueda; y a la directora general de Función Pública, Isabel Borrel.

Pero tampoco estaría completa la nómina de personas que han hecho posible que hoy podamos suscribir este acuerdo sin mencionar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz; y a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Este es un acuerdo sí, sectorial, dirán algunos. Pero es un acuerdo político-social-económico-sindical que suscribe el Gobierno de España. Que hemos trabajado conjuntamente sabiendo que era un problema que se había acumulado, como les decía, a lo largo de mucho tiempo, que se había llevado por delante muchas ilusiones y muchas esperanzas, que perjudicaba el funcionamiento óptimo de las Administraciones Públicas y que las afectaba a todas ellas: desde la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales.

¿En qué consiste este acuerdo? Se puede explicar de muchas maneras y sin duda lo harían mucho mejor quienes han participado directamente en la negociación y los responsables de los tres sindicatos que lo suscriben. Pero yo les diré que, desde mi punto de vista, puede resumirse en dos grandes cuestiones.

Una primera. A partir de la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público ninguna persona podrá ocupar con carácter interino una plaza estructural de la Administración por más de tres años. Por lo tanto, se ha acabado el encadenar contratos, interinidades indefinidas y sine die. Eso no es ni bueno para la Administración ni justo para las personas.

Y en segundo lugar. Buscamos una solución práctica, justa y que cumpla escrupulosamente con la legalidad a los cientos de miles de personas que ocupan en estos momentos puestos de carácter estructural pero han llegado a ellos encadenando, a veces, diversos periodos de interinidad.

A ellos les ofrecemos la posibilidad de presentarse a concursos y oposiciones en los que su experiencia contará un 40%, a que las Administraciones tengan mucho margen para el diseño de esas pruebas, para garantizar que toda aquella persona que realmente crea y tenga vocación pública y que tenga las capacidades, las aptitudes y la actitud de servicio publico pueda quedarse en la Administración.

Y les ofrecemos también, en el caso de que no superen ese proceso, una compensación económica por el daño que de forma, seguramente de forma involuntaria pero cierta, han sufrido por el hecho de encadenar esas interinidades durante tanto tiempo y que hayan vivido con esa incertidumbre.

Intentamos frenar el problema de cara al futuro. No nos volverá a pasar. Y espero que los próximos ministros de Política Territorial y Función Pública no tengan que lidiar con el problema de centenares de miles de personas que se han visto sometidas a un régimen que no es justo.

Espero por lo tanto que la Función Pública saldrá fortalecida y también espero que todas aquellas personas que han dedicado tanto tiempo, lo mejor de su saber, sus capacidades y su experiencia, puedan quedarse en la Administración desarrollando como hasta ahora sus funciones.

Pero han de saber, todo el mundo debe saber, que el acceso a la Función Pública en España ha de cumplir tres criterios: el de igualdad, mérito y capacidad.

Igualdad quiere decir que todo ciudadano español, toda ciudadana española, tiene derecho a presentarse a pruebas para acceder a la Administración. Ese derecho no se le puede vedar a nadie. Pero al mismo tiempo hemos encontrado una solución, que creemos, pondera con justicia lo que han hecho tantas y tantas personas a lo largo de tanto tiempo.

La mayoría de las personas los conoce aunque igual no saben cuál es su situación administrativa. Son sus doctores y doctoras, los maestros y las maestras de sus hijos, quienes limpian los edificios públicos, también los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son bomberos, son guardias forestales, gente de todo tipo y condición que por diversas razones no han podido culminar su proceso de acceso a la Administración en condiciones de estabilidad.

A ellos también nos dirigimos. Para decirles, que no vamos a cometer ninguna injusticia con ninguno.

Vamos a llamar también a las Administraciones, a hacer posible que no se pierda ni un átomo de capacidad en los servicios públicos. Porque son personas que, además de su capacidad, que algunos incluso pudieron demostrar en su día a través de algún proceso de acceso, sobre todo nos han demostrado con su experiencia y trabajo diario lo que valen, lo que saben y lo que pueden.

Creemos haber acertado en la solución, eso solo nos lo podrá decir el tiempo. Pero lo que si puedo decirles claramente, sin ningún tipo de tapujo, es que el trabajo realizado por los equipos negociadores y por los tres sindicatos firmantes merece respeto por parte de todos.

Les diré una cosa que no sé si gustará: ningún sindicato tiene la obligación de suscribir un acuerdo en el que no cree. Algunos pueden pensar que están arriesgando su posición en la medida que pueden haber cedido alguna reivindicación que no haya sido atendida en este acuerdo. Esto me hace valorar todavía de forma más extraordinaria su esfuerzo, su voluntad, su compromiso público. Por eso no estamos frente a un acuerdo más. Aquí no estamos subiendo los salarios de nadie, ni mejorando las condiciones laborales de nadie. Estamos pensando en las personas que fueron sometidas a un proceso de incertidumbre que debe acabar. Y estamos pensando en una Función Pública que será tanto mejor cuanto más estable y profesional funcione.

Yo solo tengo palabras de reconocimiento y agradecimiento. Llevo en este Ministerio poco más de cinco meses. Desde el primer día, nos venimos dedicando a muchas cosas pero no les extrañará si les digo que ésta, precisamente ésta, es la que ha ocupado más horas, más tiempo, más reuniones, más preocupación. Y puedo decirles, que el resultado de esta negociación desde luego es bastante distinto al que planteamos al principio.

Quiero decirles, la fuerza reivindicativa de los sindicatos que lo suscriben se ve en todas las paginas de este documento. Y también les diré, el Gobierno tenía una obligación frente a los tribunales, frente a la UE, pero también frente a la sociedad española. Creemos estarla cumpliendo con fidelidad y con eficacia con el acuerdo que les presentamos hoy.